La designación del profesor Ismael Peña por el Consejo Superior Universitario (CSU) como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia ha desatado una fuerte indignación en la comunidad universitaria quien en el marco de la consulta universitaria el pasado 12 de marzo, expresó su fuerte apoyo al candidato Leopoldo Munera con 15.300 votos.
Lo que pasó
Buena parte de la comunidad universitaria esperaba con alta expectativa la sesión del CSU en la que se tomaría la decisión final. El proceso, lleno de rumores malintencionados y desinformación, como lo denunció el propio candidato Munera, no obligaba a respetar la consulta y daba paso a un opaco debate del que poco se ha conocido, salvo unas cartas parciales en las que algunos integrantes del CSU pretendían salvar su responsabilidad. Al final resultó elegido el vicerrector de la saliente rectora Dolly Montoya. De inmediato, la expectativa y el entusiasmo se convirtieron en una mezcla de ira y frustración. La comunidad universitaria se sentía ignorada y burlada.
Al margen de los detalles del sistema de votación (explicados en detalle en este hilo), el reiterado comportamiento del máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional confirmó su desprendimiento de la comunidad que dice representar. No era la primera vez que los deseos de conformar un gobierno universitario que encarnará legítimamente a la comunidad de la UN se veían truncados. El mismo Leopoldo Munera había intentado lograr el nombramiento en el 2012 y con contundencia había ganado la consulta, pero Ignacio Mantilla logró ser designado a pesar de haber ocupado el último lugar, un caso similar ocurriría con la rectora saliente, derrotada por el voto en blanco.
La necesidad de democracia universitaria
Esta decisión abrió un debate sobre la crisis del modelo de gobierno universitario. El mismo profesor Munera ha señalado en sus trabajos académicos que la legitimidad de los gobiernos universitarios radica en la capacidad de que sus órganos de gobierno sean conformados mayoritariamente por miembros de la comunidad universitaria . Actualmente, el CSU tiene una conformación que permite la participación directa de un 25% de la comunidad universitaria con la representación estudiantil y profesoral, que se suman a dos representantes del presidente, el ministerio de educación, el representante de exrectores, el designado por CESU y la delegada del Consejo académico. Esta composición convierte el gobierno universitario en una dependencia de sectores externos a la universidad, hecho que estiman los estudiantes se traduce en una ilegitimidad del órgano de gobierno, señalado de convertirse en una minoría externa que impone sus decisiones sobre la comunidad universitaria.
Cabe mencionar también el carácter especial de la presente coyuntura política. En efecto, contaba con que, por primera vez, los dos representantes del gobierno, más la ministra de educación respetarián la voluntad de la consulta. Sin embargo, la metodología adoptada para la votación y los debates para adoptarla, elementos adicionales al manejo antidemocrático de este tipo de decisiones, restarían solidez a los respaldos del gobierno, que finalmente no fueron útiles para hacer valer la decisión de la consulta, dándole la victoria a un candidato que venía de la administración saliente, levantando las voces de rechazo que expresan la necesidad de reformar el actual modelo de gobierno universitario, ante la crisis de legitimidad de entrante administración.
Lo que se viene
En un comunicado conocido después de la decisión del CSU el profesor Munera planteó que “desde la desobediencia civil pacífica, que empiezo a ejercer desde este momento, trabajaré por una constituyente universitaria que permita transformar las universidades del país.” sumando su voz a las de los representantes de los estamentos universitarios que en asamblea debaten sobre el camino que debe tomar la universidad para reformar su gobierno.
Su pronunciamiento se enmarca en una tendencia que desde hace años ha levantado la bandera de la autonomía y democracia universitaria en la Universidad Nacional como mecanismo para ordenar la vida al interior del centro universitario y brindar con solidez un proyecto cultural y científico para el país, pero que no ha contado con la posibilidad real de concretar cambios. Un referente de las reformas universitarias, especialmente en Latinoamérica fue la conocida Reforma de Córdoba, que en 1918 fue conducida por poderoso movimiento estudiantil que lideró la agitación política e intelectual que abogaba por darle un aire renovador y democrático a la relación de la universidad con la sociedad.
En su Manifiesto Liminar, un documento síntesis del movimiento, este planteamiento queda así reflejado “Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático.” y se interpreta como un clamor a remover las viejas fuerzas inmovilizadoras que impiden el florecimiento de la diversidad científica y cultural, al tiempo que orientan el desarrollo institucional de la universidad lejos del misional objetivo de ser el polo de constante debate sobre el futuro de la nación.
Hoy la constituyente universitaria aparece como un camino tan incierto como necesario para quebrar la hegemonía de la minoría que en secreto decide de espaldas a la comunidad universitaria. Después del receso de semana santa los diferentes estamentos se prestan a deliberar sobre los pasos a seguir para consolidar la emergencia de una nueva manera de conducir la vida universitaria, en un momento donde el país espera que su capacidad institucional y su vocación de servicio a la nación se expresen contundentemente ante el auge de violencia y crisis social tristemente cada vez más presente en el país.
