Después de que el presidente Petro a mitad de julio sancionó la reforma pensional, se multiplicaron las demandas por parte de la oposición para que la Corte Constitucional tumbe un intento político inédito para proteger y dignificar la vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Colombia.
La reforma pensional es prácticamente la única promesa de campaña que el gobierno ha podido cumplir tras dos años en la casa de Nariño. Aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 14 de junio y sancionada por el Presidente Petro el 16 de julio, es un primer intento para diseñar un verdadero sistema de seguridad social que garantice el derecho a una vejez digna y permitir que se pensione el 75% de adultos mayores en edad de pensión que no la reciben en el actual sistema pensional1.
Tres de cada 4 adultos mayores no se pensionan en Colombia, dos de cada 10 de ellos enfrentan una situación de pobreza multidimensional2. Estos son los datos que retratan la precariedad de la vejez en Colombia y que los debates acerca de la reforma pensional han por fín tomado en serio, con una elevada dosis de irresponsabilidad política por parte de la oposición. Más allá de develar una realidad de la cual somos cotidianamente testigos o solucionar integralmente la falta de protección social y económica de los adultos mayores en el país, la reforma pensional planteó una pregunta esencial: cuál es el lugar que la sociedad colombiana le asigna a los adultos mayores y cuál trato se le reserva. En pocas palabras, cómo toleramos personas mayores rebuscandósela a los sesenta años y en adelante en las esquinas, en los buses, en las tiendas, en los restaurantes y en las plazas de mercado. Es urgente que los responsables políticos se encarguen de garantizar una vejez digna a la población de personas mayores.
También eleva el debate, más allá de prejuicios y lugares comunes: no pensionarse no quiere decir que no se haya trabajado toda la vida. Bien al contrario, los que todavía trabajan después de tener la edad de pensión son los que en muchos de los casos han trabajado desde muy jóvenes ocupando empleos informales, con sueldos bajos, una protección laboral precaria; es decir, enfrentando una inestabilidad laboral que no permite ahorrar a lo largo de su vida según las reglas de los fondos de pensiones, privados como público, y pensionarse dignamente a los 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
En pocas palabras, los abuelos colombianos pagan el precio alto de la economía informal, el de perder el derecho a una vejez digna. Y nos deja forzados a constatar que el derecho a disfrutar “de una vida plena, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política” consagrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores no era la principal meta del antiguo sistema pensional, más enfocado en desarrollar mercados privados de capitales que en pensionar a su gente.
Para romper con un sistema pensional que nunca ha priorizado el bienestar de los adultos mayores, fue pensado el pilar solidario, al proveer un subsidio de $225.000 para los aproximadamente dos millones de adultos mayores que se quedan fuera del sistema pensional. Es esta renta, este pilar solidario lo que se pone en riesgo cuando se debate en la Corte Constitucional las demandas presentadas por el Centro Democratico y los representantes Gabriel Vallejo o Paloma Valencia, quienes no esperaron la necesaria sanción presidencial de la reforma (para poder presentar demandas ante la Corte) para anunciar sus intenciones de demandas, en una especie de sabotaje legislativo. En efecto, proclamaron la inconstitucionalidad de la nueva ley pensional por supuestas fallas en el procedimiento legislativo, tal como el no respeto de los principios de publicidad y de deliberación en la fase de aprobación en la Camará de Representantes.
No se trata de denunciar la inconsistencia de las quejas de diputados responsables de la extensión de los últimos debates en la cámara, para impedir la aprobación de la reforma antes de que se cierre el periodo legislativo, pero más bien de señalar que detrás de la indignación protocolaria de la oposición, se esconde un profundo desinterés para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y económica. Si triunfan sus demandas, podría significar el fin del nuevo sistema pensional y un adiós a la esperada renta solidaria, dejando clara la poca preocupación de la ultraderecha para defender el derecho a una vejez digna.
- “Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación”, DANE, 2022 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/oct-2022-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia.pdf ↩︎
- “Para el año 2020, dos (2) de cada 10 personas mayores en Colombia (18,0%) se encontraban en situación de pobreza multidimensional” i.e. “ El Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores. La metodología detallada puede consultarse en el sitio oficial del DANE.”, : DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2020, con base en proyecciones del CNPV 2018 ↩︎
