Por: Samuel Arango.
Transcurridas cerca de tres semanas de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se han conocido testimonios que la defensa hubiera preferido no enfrentar. Señalamientos de conformación de grupos paramilitares y hostigamientos a potenciales testigos serán asuntos por los que él acusado tendrá que responder.
He seguido con atención las audiencias de juicio contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Los testimonios que ha presentado la Fiscalía han sido sólidos en diferentes sentidos, y aunque tienen como objetivo probar que Uribe Vélez participó en los ilícitos enunciados más arriba, hay elementos adicionales y fundamentales.
El más importante de ellos es que en 1996, en la hacienda Guacharacas se fundó un grupo de autodefensa autodenominado Bloque Metro con la participación de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez , Gustavo Gallón Henao y los hermanos Juan y Luis Alberto Villegas Uribe -representante legal de la Convivir “El Cóndor”, creada por AUV-, lo que se tradujo en un aporte decisivo a la consolidación del proyecto paramilitar en Antioquia e incluso a la conformación de las AUC. El proceso está basado en esa situación y la manipulación de testigos es solo un medio para intentar esconder verdades noventeras que tienen ecos hoy en día, con agravantes adicionales que deberán ser esclarecidos, como el asesinato de testigos importantes para el caso como Carlos Enrique Areiza, los múltiples intentos de asesinato a Monsalve o la persecución que terminó en el exilio de Deyanira Gómez.
Como ha sido de sobra comentado en medios de comunicación, la defensa, en cabeza de Jaime Granados, ha buscado dilatar el proceso por todos los medios. Alega por la programación de cada audiencia, recusa a la juez y a la fiscal, saca una agenda apretadísima que supuestamente le impide asistir a las diligencias y malabarea con todo lo que tiene a su alcance para buscar la prescripción del caso . Y no se trata aquí de renegar del derecho a la prescripción de la acción penal, consistente en la necesidad de establecer unos términos razonables para que se pueda realizar la investigación, sindicación y juzgamiento de un ciudadano cualquiera.
Pero sí se trata de dimensionar lo que implica la prescripción en el caso Uribe, que ha tenido una situación excepcional. El hoy acusado renunció a su curul en el senado para el período 2018-2022 con el objetivo de evadir la investigación de la Corte Suprema de Justicia, que ya había dictado una medida de aseguramiento en su contra, y que la competencia recayera en la de la fiscalía, que en ese momento se encontraba bajo la administración de Francisco Barbosa, cercano y ternado por el gobierno del Iván Duque Márquez, cuestión que en efecto sucedió. Así, el expediente fue apropiado por el juzgado cuarto penal del circuito, que asumió que Uribe ya estaba imputado.
En el proceso penal, una vez hecha la imputación, la fiscalía tiene dos caminos; formular la acusación y continuar con el proceso hasta la etapa de juicio o precluir el caso y terminar el proceso sin llegar a juicio. La segunda opción requiere de una carga argumental alta, tal que la fiscalía pueda demostrar que el imputado no tiene responsabilidad en los hechos investigados y por eso escoge cerrar o precluir el caso. La juez del caso puede aceptar la preclusión o rechazarla -con lo que pide a la fiscalía seguir adelante con el proceso-, después de escuchar también a las víctimas dentro del proceso judicial que ganan mucha relevancia en los casos en que esa situación se presente. La fiscalía intentó precluir el caso dos veces, cuestión que dilató el proceso durante más de tres años, durante los cuales los términos de prescripción de la acción penal siguieron corriendo. Solo la salida de Barbosa de la fiscalía permitió que se presentara el escrito de acusación y con ello que se avanzara en las demás etapas del proceso que hoy tienen a Uribe enjuiciado.
La posibilidad de la prescripción de la acción penal en este caso se debe entonces a la acción de una fiscalía cooptada por la politiquería y necesidades del uribismo, que entre otras cosas tiene que ver con el ocultamiento de los vínculos entre ese sector político con el viejo paramilitarismo y para otros casos, con el nuevo paramilitarismo. La defensa de Uribe estuvo en cabeza de la fiscalía de Barbosa y sus funcionarios Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que intentaron negarle al país el debate judicial que hoy se está surtiendo. Al hacer un juicio histórico sobre la cooptación que el proyecto paramilitar hizo del estado colombiano, habrá que incluir las acciones de las entidades y funcionarios judiciales que han intentado lavar la responsabilidad de dirigentes políticos en los crímenes que sus estructuras cometieron y en su existencia misma, por medio de maniobras como el intento de preclusión aquí descrito.
La defensa de Uribe ha tenido que mutar, pues la estructura institucional que lo apoyaba ha sido parcialmente desmontada y ahora se enfrenta a su otrora aliada fiscalía. Y aunque con el tiempo que le entregaron los dos intentos de preclusión busca a todo lugar la prescripción, es sobre todo una defensa que trivializa la violencia que despliega el estado y el paraestado, se burla de las condiciones carcelarias, de las actividades de defensa de los derechos humanos y de la situación de seguimiento y acoso que sufren sus contradictores, intenta convertir hechos que en cualquier lugar del mundo serían tragedias nacionales, en situaciones normales.
En el interrogatorio a Iván Cepeda citado por la fiscalía, el senador relató múltiples visitas a cárceles nacionales y estadounidenses en donde se han encontrado o encuentran detenidos exjefes paramilitares, con el objetivo de buscar la reparación de las víctimas -de quienes hace parte- a través de la verdad que fue negada en el colapsado sistema de justicia y paz y también en una extradición masiva de estos sujetos en el gobierno de Uribe Vélez. Su posición como representante a la cámara y después senador de la república, le permitió acceder a diferentes testimonios que la jurisdicción penal no estaba en disposición de escuchar, como el de Juan Guillermo Monsalve -un exparamilitar condenado por secuestro y preso desde el 2008-, quien desde 2011 ha querido aclarar a la justicia las condiciones de la creación del grupo Metro en la Hacienda Guacharacas y según dijo en su interrogatorio ante la fiscalía, fue rechazado por el Fiscal 45 de Justicia y Paz de Medellín, en una diligencia que de acuerdo a sus dichos en el contrainterrogatorio, también contó con la presencia de Jaime Granados. Por ese motivo Monsalve buscó a Cepeda y le entregó una versión que fue grabada y que antes del inicio del juicio ya había sido descubierta a la opinión pública y ahora hace parte del proceso judicial.
Desde entonces Monsalve ha sido víctima de diferentes intentos de homicidio, desde atentados con cuchillo hasta tentativas de envenenamiento. Pero ha contado con Cepeda, que ha intercedido ante el INPEC y la Corte Suprema de Justicia para salvaguardar su vida e incluso evitar un traslado hacia la infrahumana cárcel de Valledupar. No obstante, para la defensa de Uribe, defender la vida de Monsalve es un acto sospechoso.
En el contrainterrogatorio a Iván Cepeda, Granados apuntó en la dirección señalada aquí, trivializar la violencia del poder y hacer de la defensa de los derechos humanos una actividad objeto de sospecha. Se refirió en términos burlescos a las condiciones de la cárcel de Valledupar e insinuó que el estado incipiente del proceso en contra de los hermanos Uribe Vélez por la masacre de San Roque, cometida por el Bloque Metro en 1996, se debía a la falta de gravedad de este hecho (intervención de Granados del minuto 2:13:04 a 2:14:21 en el vídeo). Después de hacer esa afirmación que, aunque no esté tipificada en ningún código penal, es criminal, Granados intentó demostrar que Cepeda había violado la ley por recibir un mensaje de WhatsApp desde el celular de un preso.
Incluso fue renuente a la explicación de porqué Cepeda no recordaba la fecha de tres citas que tuvo con la médica Deyanira Gómez, pero que de igual manera saltó a la luz, pues el senador estaba pasando por un proceso de quimioterapia. Pero más ridículo todavía resultó su pregunta sobre si le constaba personalmente que los hermanos Uribe Vélez participaron de la creación del grupo Metro, es decir, si él había estado allí en el momento en que eso sucedió: “Sí o no” decía con sorna el defensor de Uribe. “No”, respondió Cepeda. Al respecto hubo un titular inmediato de revista Semana, que no reproduzco por vergüenza ajena.
En el estrecho mundo de Granados, donde a nadie le consta personalmente sino lo que ve y escucha, el uribismo, con doce años de poder encima y miles de funcionarios adoctrinados bajo su paraguas ideológico, no puede tener nada que ver con el acoso y abuso de poder que puede ejercer el INPEC contra un preso, porque no hace parte del gobierno al que actualmente responde funcionalmente la entidad. De esa forma negó la responsabilidad en el allanamiento que sufrió Juan Guillermo Monsalve en la casa fiscal donde se encuentra recluido, justo un día antes de prestar su testimonio. A Granados habría que recordarle el dicho: no se haga el bobo que así se queda.
Y lo anterior con más veras frente a la situación de la familia de Monsalve, amenazada tiempo atrás por los mismos paramilitares que antaño compartían armas con el hoy preso. Pues hoy están riesgo de muerte ante la posibilidad de testificar en el juicio de Uribe; por eso la madre de Monsalve y su hermana no han podido acudir a estrados. Y Granados, con galimatías jurídicas se enoja con la fiscal y le pide a la juez imponer orden para que no se pueda cambiar el orden de los testigos. Y no sé si es necesario repetirlo, pero esas manifestaciones frente a esa situación trivializan la violencia paraestatal vigente todavía en muchos territorios del país.
En el interrogatorio a Juan Guillermo Monsalve, Granados repitió cada vez que pudo que el testigo tenía problemas de expresión y comprensión y por eso no realizaba objeciones a las preguntas de la fiscal. Esos dichos son claramente clasistas frente a una persona que no pudo realizar estudios de secundaria porque sus patrones, los hermanos Uribe Vélez, lo pusieron a trabajar desde los doce años como jornalero en la hacienda Guacharacas, donde finalmente se hizo paramilitar. Intentar amilanar un testigo porque no realizó los cursos de oratoria que probablemente Granados si hizo -en realidad no lo sé, ni me importa-, es una forma de cortar la espontaneidad de alguien que presta un testimonio en unas condiciones muy adversas. Nadie en la audiencia lo advirtió.
En el contrainterrogatorio a Deyanira Gómez, Granados minimizó la persecución que ella sufrió en diferentes hechos y que derivó en su exilio, preguntándole si tenía conocimiento de quien lo había realizado y dándole un tono despectivo a uno de los episodios que ella narró en el interrogatorio. Después intentó invalidarla a partir del relato uribista de una relación sentimental que la médica tuvo en su pasado. Sea de señalar que aquí ejerce violencia misógina, pues es una práctica de invalidar a las mujeres, no por sus actos, dichos o posiciones, sino por las de sus parejas -a ningún hombre se le cuestionaría eso-.
En el contrainterrogatorio a Pablo Hernán Sierra, conocido con el alias de Tuso y quien fue extraditado a EE.UU en la segunda presidencia de Uribe Vélez, Granados hizo algunas preguntas que muestran un poco de lo dicho aquí. Indagó si en las diligencias que Iván Velásquez realizó en EE.UU, entrevistando a los paramilitares extraditados como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y a partir de las cuales construyó parte del caso de la parapolítica, había preguntado por la participación en ese entramado criminal por los hermanos Uribe Vélez. Al escuchar el sí, preguntó a alias el Tuso si sabía que la competencia del magistrado era investigar a senadores y luego volvió a preguntar si los hermanos Uribe Vélez pertenecían a ese cuerpo legislativo para el momento de esas visitas, encontrando un no.
Y nuevamente, no se trata de invalidar los recursos que tiene una defensa en un proceso penal, como cuestionar los procedimientos de recolección de pruebas o de la competencia de los funcionarios que lo hacen, pues eso es válido en cualquier escenario judicial. Pero sí es dable decir que es impresentable que la defensa de un expresidente de la república que acumuló su poder político y económico a partir de su vínculo con el paramilitarismo, intente no dar el debate sobre el contenido de las pruebas que lo señalan, sino a partir de su supuesta invalidez. Hacerlo de esa manera intenta minimizar la responsabilidad política de Uribe frente a una estructura de poder organizada, de la que no es su único responsable, ni tampoco su único usufructuario, pero sí uno muy importante y relevante.
Granados trivializa la violencia del poder en sus diferentes expresiones, desde la estatal a la paramilitar. A su vez se hace publicidad al final de cada audiencia, haciendo gala de su defensa a EPM y otros casos supuestamente importantes. Para mí lo trivial es una defensa que dependió tantos años de una fiscalía cooptada por sus propios intereses que obviamente no iba a investigar al criminal de lesa humanidad que es su defendido, y ahora que por fin es llevado a juicio, muestra los dientes banalizando a cada momento la violencia estatal y paraestatal que erigió y sostuvo como líder político a Uribe Vélez. Como diría Viktor Frank, Granados, su equipo y quienes componen las estructuras estatales que han intentado evitar los escenarios de debate judicial y político sobre Uribe Vélez, no pasan de ser un colectivo de monstruos educadísimos.
Adenda: Quizá esperábamos que el interrogatorio de Mancuso tuviera más fuerza frente a la vinculación de Uribe Vélez con las AUC, y más bien versó sobre el encuentro que sostuvieron Rodrigo Lara, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y otros miembros del Movice, con Mancuso y “Tuso” Sierra en el 2009. Versión que, en la teoría del caso de la fiscalía, busca aportar a la tesis de que este último cambió su testimonio en favor de Uribe, después de tener encuentros con Cadena y otras personas cercanas al acusado. Esta pequeña decepción es solo una muestra de que este proceso debería ser la apertura de otros debates judiciales y políticos sobre la responsabilidad de Uribe en la conformación y consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional. No estaría mal ver otros nombres de la élite política colombiana que están por ahí enredados. Amanecerá y no veremos.