A cinco años de la masacre en la cárcel La Modelo, la mayor tragedia ocurrida en esta prisión desde principio de siglo, con la muerte de 24 internos y más de un centenar de heridos a manos de agentes del estado, organizaciones sociales, expresos políticos y familiares de presos por hechos ocurridos durante el estallido social, se movilizaron contra el olvido y por la libertad. En horas de la tarde del pasado viernes 21 de marzo, la cita fue en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, donde no solo se clamaba por justicia y esclarecimiento de los máximos responsables por el desfasado operativo para retomar el control de un sector del penal, tomado por los internos después de que la protesta, que exigía medidas de protección para evitar un contagio masivo del COVID-19, se saliera de control. También buscaban volver a debatir públicamente sobre una de las más sonadas promesas de campaña del gobierno Petro: la excarcelación de los y las manifestantes del estallido social del 2021, la libertad de la primera línea.
-Los intentos por la mesa del estallido social
Desde aquella explícita mención hecha por el presidente el día de su victoria en las elecciones de 2022, el tema ha tenido altas y bajas. Con los impulsos de un gobierno recién elegido, Petro publicó un decreto en 2022 que pretendía, por la vía de la figura de vocerías de paz, lograr la libertad de los jóvenes de la primera línea. Con el tiempo el decreto mostró sus debilidades jurídicas y su incapacidad para vincular a la mayoría de casos, razón por la que terminó languideciendo la propuesta hasta que los primeros escándalos del gobierno restaron atención al tema y el asunto se diluyó. Solo fue hasta la organización del proceso colectivo Jhonatan Sabogal y su primera huelga de hambre en marzo de 2023 que el tema volvió a llamar la atención del país. A partir de esta protesta protagonizada por los internos, mayoritariamente agrupados en la cárcel de Palmira, pero con apoyo en otras prisiones, se firmó un compromiso por parte del gobierno, esta vez en cabeza del entonces alto comisionado para la paz Danilo Rueda: la instalación de una mesa de diálogo para explorar salidas a la judicialización, buscar caminos de excarcelación y reconocer la verdad de lo ocurrido en el estallido social. Con este compromiso se iniciaron algunos encuentros para el trabajo metodológico y el funcionamiento de la mesa, pasaron los días y la iniciativa no pasó de allí, hasta que en noviembre de 2023 el presidente Petro retiró de su cargo a Rueda.
Con la salida de Danilo Rueda de la oficina del alto comisionado para la paz, el proceso entró en cuidados intensivos. A pesar de varias comunicaciones que buscaban tender puentes con Otty Patiño, el nuevo comisionado nunca mostró interés en respaldar esta iniciativa. Los presos del estallido social seguían presos y esta vez ignorados por el gobierno que ayudaron a elegir. Ante esta situación el colectivo Jhonatan Sabogal, decidió organizar nuevamente una huelga de hambre en marzo de 2024 exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno.
En esta oportunidad ante el desplante y el silencio del comisionado Otty Patiño, el ministerio del interior, y particularmente el viceministro Diego Cancino asumió el compromiso de reactivar la mesa. Pero una vez más los movimientos del gobierno afectaron los compromisos y la salida del ministro del interior Luis Fernando Velasco y el viceministro Diego Cancino prácticamente enterraron las aspiraciones de un espacio de diálogo para materializar la promesa de campaña. Con la llegada de Juan Fernando Cristo, y ahora con Armando Benedetti, los canales se cerraron, los intereses del nuevo ministro, a pesar de su invitación a la movilización social, incluso con llamados a la juventud en tiempos de consulta popular, no ha mostrado interés de cumplir y el tiempo se agota.
-La libertad que llega
Mientras todos estos altibajos ocurrían, algunos procesados por hechos del estallido social recobraron su libertad por vencimiento de términos. Entre estos casos se encuentra Epifanio Domiguez, líder social y defensor de derechos humanos, capturado en diciembre de 2021 por hechos relacionados con el caso Bugalagrande-Andalucía en donde policías infiltrados resultaron heridos en medio de las manifestaciones. Él participó del proceso colectivo Jhonatan Sabogal y comenta «aquí estamos exigiendo al gobierno colombiano, que nos dijo una vez mientras estábamos capturados, que en noche buena íbamos a encontrar la libertad, y todo quedó en promesas, en ilusiones, pero hoy tenemos el gobierno del cambio y aún le colocamos fe de que las cosas pueden mejorar. Hoy pedimos que nuestros casos sean cerrados, pero también que se dé claridad de muchas cosas, porque el montaje judicial puede dañar nuestra imagen y hace que lleguen persecuciones y hostigamientos». Hostigamientos como los que denuncia María Elvira Suescun, madre de Carlos Julio Calero Suescun, quien recobró su libertad tras dos años de judicialización, pero que transcurridos dos meses en libertad fue asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, por eso se manifiesta frente a la fiscalía, para exigir justicia por su hijo y por los casos que conoció desde que la fiscalía arremetió contra los participantes de las masivas movilizaciones del estallido social en 2021.
-El gobierno pide, pero no ayuda
Estos casos hacen parte de los más de 300 documentados por la comisión accidental de garantías para la protesta social del senado que se encargó, en aquellos primeros meses de gobierno, de organizar visitas a los centros penitenciarios, conocer de primera mano los casos y convocar espacios para la discusión del tema, a tal punto que se llegaron a debatir proyectos de ley para otorgar amnistías e indultos, pero nada de esto prosperó y a falta de voluntad política y con otras urgencias electorales sobre la mesa hoy está prácticamente inactiva y sin logros a la vista. La coyuntura no solo está marcada por la fatídica fecha que conmemora el asesinato de estas personas privadas de su libertad, también está ambientada por el clima de agitación y movilización promovido por el presidente Petro que vuelve a llamar a la calle al pueblo, cuando sus acuerdos parlamentarios no son suficientes para aprobar las reformas, y ahora se enruta hacia una consulta popular. Con sus conocidas salidas discursivas, el presidente, como en el 2023 o el 2024 en el mismo Puerto Resistencia, evoca la masiva participación juvenil de 2021 y la invoca para respaldar sus reformas. Sin embargo, parece olvidar que hoy los canales gubernamentales de diálogo con los presos del estallido están cerrados y ellos siguen sin una respuesta que supere la conocida retórica gubernamental.