A pesar que las autoridades distritales parecen ignorar la gravedad de la crisis de seguridad por la que actualmente está atravesando la ciudad, organizaciones sociales que integran y acompañan el proceso social conocido como la Comunidad El Bicho, le recordaron al alcalde que aún siguen expuestos a las agresiones de la “olla”.
El proceso comunitario surgió a partir de la construcción de una estructura “multiusos” cocreada por la comunidad y convertida en un espacio de convivencia territorial en el barrio El porvenir en Bosa, enfrenta amenazas y ataques por parte de organizaciones criminales presentes en el territorio. El antecedente más doloroso fue el 15 de agosto de 2024, un grupo de jóvenes fue atacado con armas de fuego, con el lamentable resultado de dos personas asesinadas: Camila Ospitia y Camilo Sánchez. Tanto en Bosa como en muchos otros barrios de Bogotá, varias bandas paramilitares se están disputando sangrientamente el control de zonas de la ciudad, sin que las autoridades locales y distritales hayan respondido para proteger las comunidades.
El escenario escogido fue la alcaldía Mayor de Bogotá, que en cabeza de Carlos Fernando Galán desde agosto de 2024 ha sido muy cuestionada por no atender oportunamente las denuncias que vienen haciendo desde hace meses las comunidades de Bosa. Para Ana López de Arquitectura Expandida, organización que ha acompañado el proceso de construcción de El Bicho: “hay que reconocer una situación en concreto que está pasando en los barrios, y es que cada vez hay más alianzas entre la olla, las estructuras paramilitares, las fuerzas del estado y una sociedad ultra conservadora que considera a los jóvenes que están en sus barrios son solo terroristas o cualquier delirio de ese tipo“. López se refiere a un tema del que poco se habla desde los micrófonos oficiales, que ven como la violencia este año se ha recrudecido con más de cuatro atentados con explosivos en medio de peleas entre bandas por extender su control territorial, conflicto que desde el año pasado ha acumulado prácticas como el asesinato a líderes de las comunidades, aparición de cuerpos “embolsados” y ahora ataques con explosivos dando forma a un fenómeno señalado por la Fundación Pares como la urbanización de la guerra en Colombia.
Esta dinámica incluye principalmente el sometimiento de la población a intereses económicos de las bandas que aspiran controlar a la población, el comerció legal a través de la extorsión, el tráfico de sustancias ilícitas y la regulación de la vida social. Tal es el panorama que desde hace por lo menos dos años viven los y las jóvenes de este espacio en el barrio el Porvenir. Allá, la presencia de la “olla” y expendedores de SPA contrasta con los esfuerzos comunitarios por construir espacios como El Bicho o la Huerta Chisas para habitar y apropiar el territorio de una manera diferente, situación que ha derivado en una permanente persecución a estos jóvenes que no se rinden a la dinámica de la olla.
En este contexto, el pasado 28 de marzo se pronunciaron las organizaciones que acompañan y hacen observación de la situación de DDHH, emitiendo una alerta temprana por la agudización de las violencias en contra de la Comunidad El Bicho.
Tal es el panorama que desde hace por lo menos dos años viven los y las jóvenes de este espacio en el barrio el Porvenir. Allá, la presencia de la “olla” y expendedores de spa contrasta con los esfuerzos comunitarios por construir espacios como El Bicho o la Huerta Chisas para habitar y apropiar el territorio de una manera diferente, situación que ha derivado en una permanente persecución a estos jóvenes que no se rinden a la dinámica de la olla.
El temor ante la posibilidad de que se repita el ataque criminal acompañado de la mirada pasiva de la policía del CAI El Porvenir, ha servido para aglutinar también a otras organizaciones en ORTIGAS (Organizaciones Territoriales Itinerantes Germinando Autonomías Subversivas) una juntanza de procesos artísticos y populares que empujaron junto con la Comunidad El Bicho la movilización en el Día Nacional de las Víctimas para recordar y reivindicar la memoria de Camila y Camilo, víctimas de esa violencia urbana con tintes paramilitares, y exigir acciones gubernamentales de protección efectiva. Para Ana, de las cosas más apremiantes es que “hoy pasados ocho meses después de ese asesinato la olla en el barrio nos sigue mirando el ojo con total impunidad y no hay quien proteja a esos jóvenes, ni en su vida, ni en su salud mental, ni en su vida cotidiana. Es absolutamente desolador lo que está pasando. A pesar que el proceso judicial, para el homicidio ha avanzado muchísimo, el proceso que tiene que ver con lo que está pasando en la olla y todas sus complicidades está más desolador que nunca.”
Al final de la jornada, aunque no hubo un pronunciamiento por parte de la alcaldía, la Defensoría del Pueblo en compañía de la Personería de Bogotá atendieron a las organizaciones en una reunión donde se expusieron las preocupaciones en torno a los riesgos que actualmente enfrentan al continuar con su actividad comunitaria. Según una asistente a la reunión, se “escalaron las exigencias a instituciones del orden nacional para activar rutas en relación a la protección de los liderazgos y organizaciones populares”, peticiones que fueron recogidas por los funcionarios que llegaron a un compromiso de acompañamiento y gestión interinstitucional para atender la crisis, que crece sin una debida contención gubernamental, que mira para los lados mientras las ciudades son tomadas por la criminalidad.
