En el marco de la conmemoración de un año más de aquel 28 de abril de 2021, fecha de inicio del paro nacional que desató la ola de protestas más significativas y masivas de la historia contemporánea de Colombia, organizaciones sociales y víctimas de la violencia oficial, se desplazaron a la ciudad de Bogotá con una consigna y un objetivo: la verdad es la justicia en acción. Su exigencia: el cumplimiento de una promesa del presidente Gustavo Petro, la creación de una Comisión de la verdad para esclarecer los hechos del estallido social.
Para tal fin, las víctimas congregadas en esta iniciativa e integradas a partir de diferentes hechos de violaciones de DDHH y violencia homicida por parte de la fuerza pública, no solo en eventos relacionados con las manifestaciones del año 2021, han emprendido acciones que se adelantan en la ciudad de Bogotá desde el pasado miércoles y que irán hasta este sábado con un recorrido de la memoria.
–El largo recorrido por la verdad y justicia
Con la participación de víctimas de varios lugares del país, las acciones de incidencia iniciaron en la Universidad Pedagógica Nacional, donde tuvieron cita para compartir las experiencias y miradas frente a cómo asumir colectivamente el proceso de victimización en un contexto de aparente apertura institucional para atender sus demandas. Aunque las promesas de gobierno y de los sectores afines a él en el congreso han ido encaminadas a cerrar la herida de violencia y esclarecer la verdad de lo ocurrido, los resultados han sido pocos, y el descontento ya ha sido expresado en otras oportunidades tal y como lo contamos el pasado 21 de marzo una movilización que exigió al presidente no olvidar a las personas judicializadas en el marco del estallido social.
Tal vez por esto el siguiente espacio convocado para jueves incluyó la invitación a algunos congresistas del Pacto histórico. Allí, el parte de las víctimas fue sintético: la precaria gestión legislativa para atender la herida dejada por la represión oficial no ha conducido a logros contundentes. Por su parte los congresistas asistentes señalaron que han promovido la organización de audiencias públicas y la conformación de una comisión de seguimiento al tema, pero haciendo énfasis en que la estigmatización que existe sobre el estallido social en el senado ha producido un veto para tramitar cualquier iniciativa de incidencia real que tenga relación con los manifestantes del estallido social. En suma, la oportunidad de hacer un acuerdo para escalar el tema hasta la cabeza del gobierno se perdió y no hubo compromisos más allá de los acostumbrados llamados a no abandonar las exigencias y a hacer “lo que se pueda”. Con la insinuación de que la única opción para comunicarse con el presidente es a través de la red social “X”.
Siguiendo con su recorrido, las víctimas este viernes acudieron a la plaza de Bolívar, en el centro de la capital, para hacer la entrega de una carta pública al presidente Petro. En ella no sólo recuerdan el compromiso adquirido públicamente el 10 de mayo de 2024 en el Coliseo del pueblo en Calí, también señalan que “La impunidad desde los entes que administran justicia es prácticamente total para los crímenes cometidos en nuestra contra. Además de la impunidad jurídica, denunciamos la impunidad social que genera igual o más daño: la estigmatización continua hacia las víctimas, vistas aún como vándalos y no como lo que realmente fueron: jóvenes reprimidos por atreverse a alzar la voz contra un sistema injusto.” Y ellos lo saben muy bien, las cifras recopiladas por sus organizaciones son contundentes. En un informe preliminar compartido a medios de comunicación precisan que han logrado sistematizar, durante el periodo de movilizaciones en el gobierno de Iván Duque (2019-2021), 970 reportes de asesinato-detencion arbitraria y tratos crueles-tentativa de homicidio. En su mayoría casos que no han sido investigados a profundidad ni hallados los responsables, directos e indirectos.
– El gobierno sigue sin respuesta
Cuando el presidente ordenó la creación de una Comisión de la verdad a través de un decreto, el ministro del Interior era Luis Fernando Velasco, pero con los trajines del gobierno y las crisis internas, el ministerio ha cambiado de dirección ya en dos oportunidades y el compromiso sigue sin materializarse. A través de diferentes acciones legales, las organizaciones han solicitado información sobre el avance del decreto, y han pedido participar en su estructuración, pero las respuestas han sido evasivas y hasta la fecha no se conoce si existe o no un texto. Tampoco se sabe si es una decisión del gobierno poner el tema en la agenda ahora que el ministerio está en manos de un político proveniente de los sectores tradicionales, que ya en algunos pronunciamientos públicos ha dejado claro su talante, por ejemplo al señalar de complice del terrorismo al personero de Ocaña por cuestionar operaciones militares en las que se verian en peligro comunidades civiles. Dicho pronunciamiento fue rechazado por organizaciones defensoras de DDHH, pero no por el alto gobierno.
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Mientras tanto las acciones emprendidas continúan con un recorrido de la memoria en la ciudad de Bogotá este sábado 26 de abril, donde serán visitados lugares donde ocurrieron hechos de violencia policial y homicidios. Por su parte el gobierno impulsa la consulta popular y varios líderes como Wilson Arias llaman a un nuevo estallido social, solo que olvidando a quienes en su momento lo dejaron todo para abrir la puerta al cambio en Colombia.
