En la madrugada del 28 de junio de 2022, el pabellón 8 de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá estaba en llamas. En medio de una confrontación entre internos por el control de pabellón, un bando decidió prender fuego a sus colchonetas para contener el efecto del gas lacrimógeno dando inició a una conflagración que se escaló por intervención de la guardia y concluyó en uno de los episodios más oscuros y fatídicos del sistema penitenciario colombiano, con un saldo de más de medio centenar de muertos y muy pocas explicaciones por parte de las autoridades.
El incendio, y su cuestionado manejo, que acabó con la vida de los privados de la libertad, se dio justó en el cierre del periodo presidencial de Iván Duque, marcado por varios hechos de violencia oficial o con responsabilidad de agentes del estado ocurridos en centros de privación de libertad: Masacre en la cárcel la Modelo el 21 de marzo de 2021 y la muerte de 8 personas en medio de un incendio en el CAI del barrio San Mateo, Soacha en septiembre de 2020.
Telascanto accedió al expediente completo de las investigaciones que revelan varios hechos previos hasta ahora desconocidos y que incluyen varias advertencias comunicadas por parte de funcionarios que alertaban las deficiencias para atender una emergencia como la que ocurrió.
El pabellón en disputa: ¡Millan Sobra!
El pabellón 8 estaba dividido en dos pasillos. Según testimonios, en uno de ellos el control lo tenía José Fernando Millan, quien era el representante y encargado de la convivencia del pabellón. En el otro, mandaba Brayan Andres Pulgarín, alias “Brayitan” quien era la segunda voz de mando y daba órdenes en el otro pasillo.
Según numerosos testimonios de personas privadas de la libertad (PPL), “Brayitan” tenía deseos de dominar todo el pabellón. Su comportamiento errático era atribuido a un alto consumo de sustancias psicoactivas y era considerado como una persona con inestabilidad mental.
El sábado 25 de junio, día de visitas, “Brayitan” logró ingresar pastillas sin el beneplácito de Millan. Así lo menciona un interno en su testimonio:
“Quiero mencionar que “Brayan” ingresó una cantidad de pepa de (RIBOTRIL – CLONAZEPAN) que son pastillas para personas psiquiátricas, dichas pastillas las ingresaron el día de la visita que fue el día sábado, después de que ingresaron esas pepas, “Brayan” empezó a darles esas pepas a los del combo de él, por este motivo el “pluma” que es de nombre “Millan” le dijo a “Brayan” que no quería que entraran más esas pastillas, ya que eso desesperaba a la gente, el señor “Millan” solo le hizo el comentario pero en ese momento no pasó nada”
El 27 de junio, hacia las 9:00 p.m. Pulgarín y Millán, se reunieron en el baño, donde intentaron conciliar sin éxito alguno la disputa por el pabellón , ante el fracaso se rumora que ocurrirá una riña para obtener el control del pabellón.
Hacia las 11: 00 p.m, el grupo de Pulgarin comenzó a hostigar verbalmente a la gente de Jose Millan, gritando desde su ala “¡Millán Sobra!”. Poco después, comenzaron a lanzar piedras extraídas de los planchones donde dormían. En ese momento, la facción de “Millan” no respondió a la provocación, sólo se cubrieron con colchonetas.
A las 00:40 a.m., el dragoneante Luis Felipe Cruz Arredondo; único encargado de la custodia del Edificio Saturno, una estructura de 4 pisos con más de 40 años de funcionamiento, en donde se ubican los pabellones 8, 9, 10 y 11, y con 618 Personas Privadas de la Libertad, acudiendo al patio No.8 en un intento de dialogo con los internos, en su testimonio, señaló que Pulgarín le expresó su desacuerdo con “Millán” y con otros internos, exigiendo que fueran retirados. Cruz Arredondo le explicó que no podía realizar el traslado en ese momento, porque se encontraba solo, además eran los superiores quienes tomaban esa clase de decisiones a eso de las 6:00 a.m. A lo que Pulgarín respondió: “Bueno no pasa nada. Nosotros miramos acá”. En apariencia, el ambiente se calmó y Cruz Arredondo se retiró. Pero solo dos minutos después, el caos estalló.
Al regresar al patio, Cruz Arredondo observó a un grupo de internos, incluido “Millán” atrincherados en el sector de las rejas, mientras internos del otro pasillo estaban con “Brayitan”, atravesando hacia la otra ala por un hueco entre los baños. Al ver este enfrentamiento y tras la solicitud expresa de “Millán” que lo saque, porque su vida y la de otros internos corría peligro.
A eso de las 00:50 a.m., Cruz Arredondo lanzó la primera granada triple chasis de gas lacrimógeno con la finalidad que cese los actos hostiles, al persuadirse que la confrontación no ha terminado, entre los grupos de Brayan Pulgarín y Fernando Millán, a las 00:55 a.m. Cruz Arredondo decide lanzar otra granada triple chasis e inmediatamente llama vía radial al personal disponible.
Siendo la 1:03 a.m. un grupo numeroso de guardias del INPEC, al mando del señor Oscar Renne Cañaveral Marín, se disponen a subir al patio 8, en donde tuvieron un recibimiento hostil por parte de los PPL, ante esta situación al mando del “Distinguido” Oscar Renne Cañaveral Marín, se ordena a Edilson Alberto Marín Marín lanzar una tercera granada triple chasis para contrarrestar la situación.
Debido al alto nivel de gas lacrimógeno, un interno decide encender una colchoneta como medida improvisada para mitigar los efectos de la granada, además, ya habían cortado cables eléctricos del techo para evitar que la guardia entrara, provocando un corto circuito y dejando el pabellón sin luz. Una cámara de seguridad ubicada afuera del Edificio SATURNO muestra como, a la 1:05 a.m., comienza a salir humo negro y espeso por los barrotes del cuarto piso y en menos de un minuto, se ve fuego.
La orden fue abrir la reja y Luis Fernando Millán salió aproximadamente con 25 personas más. Sin embargo, muchos quedaron atrapados. Los extintores fueron insuficientes. El fuego consumió cortinas, ropa y colchones. Según el informe de la dragoneante Dileiby Sánchez Astudillo, comandante de guardia esa noche, se realizaron reiterados llamados al cuerpo de bomberos entre la 1:08 y la 1:18 a.m. Solo hasta la 1:45 a.m. llegó la primera máquina de bomberos tal como lo muestra la cámara de seguridad fuera de la penitenciaría. Cabe mencionar que la estación del Cuerpo de Bomberos queda a menos de 20 cuadras.
Muchos quedaron atrapados entre el fuego y las rejas, turnándose para respirar por las rendijas de las ventanas que daban al exterior, humedeciendose con el agua de las duchas e inodoros, mientras esperaban la ayuda. Una cámara de seguridad, que apunta el pasillo del primer piso, muestra que a las 1:28 a.m., logró salir uno de los internos que estaba en el pabellón 8, sin fuerzas, desorientado y cubierto de hollín.
Hubo PPL (Personas Privadas de la Libertad) que estuvieron al menos una hora, debatiéndose entre la vida y la muerte, inhalando humo y otros vapores tóxicos, mientras los organismos de emergencia intentaban extinguir el fuego, situación que se extendió hasta las 3:55 a.m. En este trágico suceso, fallecieron 50 personas dentro del pabellón, uno de ellos era Jhonatan Sabogal, quien tenía orden de detención preventiva y fue uno de los sindicados en el marco del estallido social de 2021, y alrededor de 25 fueron trasladados a centros hospitalarios, debido a la negligencia de los organismos de socorro, para mitigar el incendio.
Según la hipótesis descrita en el informe investigador de campo, por parte del grupo de explosivos del C.T.I. del 23 de agosto de 2022, cada pasillo se dividió en dos debido a la velocidad y dirección del viento. Las personas que no lograron salir por la reja del pasillo 1, buscaron refugio en los baños, cuya ubicación no era óptima, por ser un espacio reducido y sin ventilación. Es por eso que, la mayoría de los cuerpos se encuentran en la zona de los sanitarios.
En la mayoría de los internos sin vida, las necropsias determinaron la causa de muerte como “quemadura de la vía aérea por inhalación de vapores calientes por exposición al fuego (incendio).
Los procesos judiciales
El 26 de septiembre de 2023, la Fiscalía 12 Especializada de Buga, Valle. Imputó cargos ante el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Garantías de Tuluá, contra los funcionarios del INPEC: Luis Felipe Cruz Arredondo, Edilson Alberto Marín Marín y Oscar Renne Cañaveral Marín, por homicidio culposo en concurso homogéneo y sucesivo, y contra Marco Antonio Cándelo Padilla, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá, por homicidio agravado, tentativa de homicidio y falsedad en documento privado.
Este último era quien estaba a cargo de dar la alerta a la fuerza disponible de la pelea en la CPMS Tuluá, además fue acusado de haber registrado falsamente la información sobre el incendio en el Pabellón 8 a las 1:35 a.m., omitiendo que el evento comenzó antes y con signos de riesgo inminente. Ninguno de los implicados fue puesto bajo medida de aseguramiento. Por su parte, la Procuraduría 1 Delegada con funciones mixtas para Derechos Humanos encontró responsabilidad disciplinaria por omisión en el cumplimiento de funciones de los funcionarios Cruz Arredondo, Marín Marín, Orozco Gómez y Arley Julián Fernandez Torres. La falta fue calificada como Culpa Gravísima y el 30 de diciembre de 2024 fueron sancionados con suspensión del cargo por 9 meses, a excepción del último, que al ser el director del penal y por su grado de responsabilidad, fue sancionado por 11 meses.
Los antecedentes ignorados: una condena a muerte
El incendio que consumió el pabellón 8 de la cárcel de Tuluá fue un fatal desenlace de una cadena de advertencias desatendidas por parte del Estado Colombiano. La primera alarma, fue el 17 de diciembre de 2019, que mediante oficio No. 2019EE0244287, remitido a la entonces directora del USPEC, Matilde Mendieta Galindo, se solicitaba la intervención urgente del edificio donde ocurrió el siniestro. Debido a que ya habían ocurrido 2 incendios, y se evidenciaba un deterioro avanzado en la red eléctrica, así como el nivel de hacinamiento en que vivían los internos.
Seguidamente, el 22 de agosto de 2020, bajo oficio No. 0140726 del 22 de agosto de 2020, dirigido ahora al director del USPEC, JORGE HUMBERTO SERNA BOTERO, se solicitó la demolición de dicho edificio, pues ya había antecedentes de dos incendios. En esa comunicación se pedía avanzar en la segunda etapa del plan de intervención de la cárcel, con la construcción de nuevos pabellones que ofrecieran condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad para las personas privadas de la libertad.
Estas alertas fueron respaldadas el 21 de abril de 2021, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá, realizó una visita al penal con el fin de tener un concepto técnico de la red contra incendios, arrojando un resultado NO FAVORABLE y recomendando una intervención inmediata, informe que fue puesto en conocimiento a JORGE HUMBERTO SERNA BOTERO bajo oficio No. 2021EE0072430 del 28 de abril de 2021, solicitando la intervención debida a la red contra incendios.
Lo más alarmante es que, el 7 de junio de 2022, apenas tres semanas antes del incendio, la dirección de la cárcel envió un nuevo oficio con radicado 2022IE0115474, al Director General del INPEC, Tito Yesid Castellanos Tuay, solicitando refuerzo de personal y dejando constancia de las múltiples falencias en materia de infraestructura y seguridad dentro del establecimiento. Dado que algunos funcionarios habían recibido amenazas por medio de panfletos. Además refiere que el centro penitenciario necesitaba un promedio de 194 dragoneantes, solo para cubrir los puestos de seguridad y vigilancia, y para esa tenía a su disposición 92 funcionarios, de los cuales 25 prestaban labores administrativas, es decir, que ese centro penitenciario prestaba el servicio con un 34,5% de personal para cubrir la labores de seguridad y vigilancia. Esto sumado a las claras condiciones de hacinamiento del 17 % dentro de ese penal.
Privados de la libertad sin justicia
A pesar de los informes, testimonios e imágenes que circulan de aquella noche, no hay condena alguna por los hechos ocurridos en el Pabellón 8 de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá. Aunque algunas familias han iniciado procesos judiciales buscando reparación directa por parte del Estado, lo cierto es que nadie está pagando por la muerte de 56 Personas Privadas de la Libertad que estaban bajo custodia del Estado Colombiano.
Este y otros hechos documentados, ponen sobre la mesa una realidad sobre la visión social que se tiene de las Personas Privadas de la Libertad: al estar tras las rejas, pierden sus derechos humanos. Por eso se normalizan situaciones inaceptables como el hacinamiento, la negligencia médica, la tortura sistemática o. como en este caso, la muerte masiva por omisión institucional, dejando como único mecanismo para restablecer los derechos fundamentales, la presentación de tutelas.
Por esta razón existe la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, un organismo que nace como medida para monitorear, verificar, denunciar y proponer, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-388 de 2013.
En su XII Informe General de Seguimiento a la Vida en Prisión, la Comisión reitera el abandono estructural de los penales en Colombia; condiciones infrahumanas, infraestructura deteriorada, nula resocialización, deficiente atención médica, alimentación precaria y ausencia de control real por parte del Estado.
El entonces presidente electo Gustavo Petro reaccionó públicamente ante la tragedia en su cuenta de X (antes Twitter). Sin embargo, a un año y un mes de finalizar su mandato, las condiciones siguen prácticamente intactas y la crisis carcelaria permanece fuera de la agenda pública.
Porque lo ocurrido en Tuluá NO FUE UN ACCIDENTE. Fue resultado directo de una cadena de omisiones estatales. FUE UNA MASACRE ANUNCIADA y es una herida abierta que pretenden dejar en el olvido.
