La nulidad de la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia, decidida por el Consejo de Estado, no es un hecho aislado, se inscribe en una larga tensión entre legalidad, legitimidad y autonomía universitaria. El fallo huele a que, el sector de lo contencioso administrativo dice que José Ismael Peña sería el rector legal, pues su elección fue reconocida como válida en una sentencia del mismo Consejo de Estado meses antes. Sin embargo, en dicha decisión se afirma que esto no implica la restitución de Peña y es el CSU quién tiene la última palabra. La discusión que se abre va mucho más allá de lo jurídico y debe tener implicaciones políticas para la UNAL y la nación.
TELASCANTO en conversación colectiva ha logrado visibilizar distintas reflexiones en diversas direcciones, todas coinciden en señalar que la crisis es producto de responsabilidades compartidas. Para algunos, el error radica en la improvisación del Gobierno Nacional, que no supo conducir el proceso de designación y no hizo respetar la voluntad de la comunidad universitaria, situación que terminó debilitando la confianza en sus propias decisiones. En aquel entonces, cuando se estaba disputando la rectoría, el gobierno era representado en voz y acciones por la Ministra de Educación Aurora Vergara y sus delegadas, quienes no repararon en la “jugadita” diseñada por el ex rector Ignacio Mantilla, que implicó el uso del método Borda para orientar las votaciones, una manera de contrarrestar la voluntad de las mayorías, hecho que concluyó en la elección de Ismael Peña. Un candidato que contó solo con el 8.9 %.
Sin embargo esta es solo una cara del problema, otras voces responsabilizan a las élites internas de la universidad: exrectores, representantes estudiantiles y profesores que tienen el control de la UNAL desde hace años, particularmente, desde que Moises Wasserman asumió como rector en 2006 hasta la rectoría de Dolly Montoya. Periodo en donde en el CSU apenas y tenía una voz disidente de esa hegemonía que domina en la UNAL. Y recientemente estamentos como los profesores o estudiantes eran representados en el Consejo Superior Universitario por personas que poco o nada han aportado a la construcción del bien común universitario de la UNAL.
Esta comunidad (profesores, estudiantes, egresados y trabajadores) que no tenía voz en el CSU en ese entonces, y que desde la elección de Munera se ha sentido representada por primera vez en un rector que construye comunidad UNAL, no estuvimos a la altura de un momento político que exigía cohesión y claridad. Aunque se realizó un paro importante en la UNAL y Peña fue arrumado, la institucionalidad del Estado nos ha arrebatado esa victoria sin siquiera sudar. ¿Qué acciones organizativas e institucionales hemos desarrollado para blindar nuestra elección?, ¿de qué nos sirve una constituyente cuando no hemos construido un proceso fuerte para enfrentar las fuerzas que quieren la UNAL aislada de la nación?
Estas consideraciones, permiten ver una reflexión sobre la fragilidad de la representación. El presidente, con múltiples responsabilidades, debe confiar en sus delegados; pero cuando esas delegaciones se debilitan o carecen de noción histórica sobre la larga trayectoria de luchas por la democracia universitaria, incluso las luchas históricas —como las que dieron origen a la MANE— pueden terminar desdibujadas en consignas sin sustento material. La crisis, entonces, no es solo institucional, sino también cultural: revela la dificultad de sostener proyectos colectivos en escenarios atravesados por disputas de poder.
Y aunque la culpa es la primera sensación que nos aparece en la mente y en la discusión colectiva, este sentimiento nunca será mayor que el sin sabor de perder lo que habíamos logrado con anhelo. Para los más jóvenes de la comunidad, esta situación puede parecer natural pues han saboreado la victoria de forma temprana en sus vidas políticas y resulta similar a lo que ha pasado en el país cuando el presidente Petro ha intentado generar cambios institucionales grandes. Para quienes cuentan con un poco de más experiencia la resignación de un pasado que vuelve puede resultar agotador.
La disputa por la Universidad Nacional es un asunto de todes. No hay forma de no sentir rabia por esta decisión cuando todo parece volver a las manos de quienes han llevado a la UNAL a la desnutrición física y espiritual. Y aunque Munera y nosotres, tengamos evidentes defectos organizativos y políticos para alcanzar la Universidad que necesita el pais, es un momento de sentir el sacudón y responder a la alarma. ¿Qué hará la comunidad universitaria para enfrentar esta situación? y sobre todo, ¿qué necesita nuestra organización para sostener un proyecto de la UNAL como hogar del conocimiento común al servicio de la nación?
El episodio deja una lección incómoda. Ningún fallo judicial resolverá por sí solo las fracturas que atraviesan a la Universidad Nacional. La tensión entre norma y democracia, entre institucionalidad y autonomía, seguirá presente mientras la universidad no logre articular un proyecto que combine legalidad con legitimidad social. La nulidad de Múnera no es únicamente un problema de derecho administrativo; es el síntoma de una comunidad que aún busca la manera de gobernarse a sí misma sin quedar atrapada entre la improvisación política y la hegemonía interna.
