El programa Jóvenes en paz, una de las principales apuestas del gobierno para atender jóvenes entre los 14 y 28 años, una población altamente vulnerable y cuyo respaldo fue decisivo para el ascenso del actual gobierno al poder, está en cuidados intensivos. La crisis, que se viene gestando silenciosamente desde hace meses, quedó en evidencia este lunes cuando un grupo de contratistas encargados del área pedagógica manifestaron su descontento por el retraso en el pago de la nómina del mes de abril, y acudieron a las instalaciones del ministerio en la ciudad de Bogotá para exigir respuestas.
Rápidamente las protestas fueron acogidas por distintos equipos territoriales en ciudades como Cali, Medellín o Manizales provocando un pronunciamiento tanto del ministerio en cabeza de Carlos Rosero, como del operador del programa la Unión Temporal Territorios en Paz, en el que escuetamente se comprometieron a revisar el tema sin compromisos concretos con los trabajadores y sin una salida clara a la vista.
Una crisis cocinada a fuego lento.
El programa que nació injustamente cuestionado por la oposición, inundando de mentiras la opinión, ha ido poco a poco evidenciando las falencias en materia de articulación que tiene el actual para llevar a buen puerto las ideas de atención a las poblaciones más vulnerables del país. La crisis, derivada de la inestabilidad propia del gobierno, es apenas la consecuencia de la falta de gestión, la inexperiencia y los malos manejos burocráticos que se perfilaban desde el lento inició del programa que desnudó un alcance muy lejano de las expectativas iniciales del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. La señal de alerta llegó cuando la Unión Temporal Territorios de paz, actual operadora del programa, el 6 de mayo comunicó a sus contratistas que “debido a circunstancias imprevistas relacionadas con el flujo de recursos del convenio. (…) no es posible cumplir con el pago de la nómina correspondiente al mes de abril de 2025.” Ante esto, cientos de profesionales, en su mayoría jóvenes provenientes de sectores populares y afines al proyecto del actual gobierno, se sintieron vulnerados, con razón, en su ejercicio laboral.
Días atrás el ruido en torno al programa había comenzado con la denuncia publicada por Uramba Centro de Pensamiento en la que advertían que el gerente del operador del proyecto Andrés Gallego Segovia era militante del partido de oposición Centro Democrático y vinculado a la campaña por el NO en el plebiscito por paz. Este señalamiento sembró de dudas la ejecución del proyecto, y derivó en el cambio de gerencia actualmente asumida por Juan Pablo Gonzales. Fuentes consultadas dentro del Ministerio de la Igualdad, señalan que los problemas vienen desde antes y fijan sus críticas en una débil estructuración del programa desde sus inicios en el 2024, cuando el operador era el PNUD. Según cifras reportadas por el ministerio en su primera cohorte jóvenes en paz solo logró vincular a los 6360 beneficiarios, cifra por mucho lejana de los 100.000 prometidos por el gobierno. Este precario impacto le costó la cabeza al entonces viceministro de la juventud Gareth Sella, que ya había dejado en prefactibilidad el convenio con el actual operador, y que entraría en vigencia con la llegada de Pablo Zabala nuevo viceministro.
Un coordinador territorial, que pidió proteger su identidad, afirmó que desde siempre ha existido trabas inexplicables dentro del programa que dejan entrever una pugna interna por el control de la ejecución, y precisó que por esta razón las contrataciones y las decisiones en torno al proyecto han estado permeadas por intereses políticos que no involucran al Centro Democrático, si no a tendencias dentro del progresismo interesadas en los réditos políticos ante el presidente.
Un futuro incierto.
En medio de la incertidumbre laboral generada por la crisis del programa, un grupo de contratistas decidieron conformar SINDIPAZ Sindicato de Trabajadorxs del Programa Nacional Jóvenes en Paz, cómo respuesta a los incumplimientos por parte del operador, y en defensa de un programa que consideran legítimo y necesario. Mateo Giraldo, coordinador del programa en la ciudad de Manizales y presidente de la naciente agrupación sindical que hoy agrupa cerca de 400 contratistas de los cerca de 3000 que actualmente tiene el programa, señala que “lo que motiva las manifestaciones en el país es el no pago de la nómina, sin embargo en la asamblea constitutiva surgen varias problemáticas adicionales como meses atrasados de pagos a proveedores de alimentos y a proveedores de espacios que se registran en varios municipios del país.“ En medio de esta realidad comenzó a circular la noticia de que iba a haber un cambio de operador, hecho que no hubiera presentado mayor inquietud si no estuviera ambientado por una solicitud de desvinculación de cerca de 400 contratistas del programa a razón de una supuesta sobrecontratación. En una reunión de coordinadores a nivel nacional circuló un cuadro en donde se comunica la cantidad de contratistas que deben ser despedidos por cada ciudad.
Desde el sindicato precisan que muchos de estos profesionales esperaban la orden de apertura de puntos para la vinculación de más jóvenes y así cumplir con las metas estipuladas desde el diseño del programa, “la semana pasada fue crucial al final porque empezaron a recortar cupos, es decir, desde le principio, se le asigno a la ciudad cierta cantidad de cupos para jóvenes beneficiarios, por ejemplo, en Manizales dijeron son 1440 cupos, pero ya nos anunciaron que no se van hacer más, que no se va a cumplir la meta”. Aunque existe la posibilidad de que esta decisión sea mientras se hace la transición de operador ya anunciada por el ministerio sin mayores detalles, el gran temor es que se termine por golpear la legitimidad del programa hasta el punto de finalizarlo a media marcha y a escasos meses del inicio de campañas para el senado, es decir que el programa quede sepultado, sin respaldo político dentro del ministerio o el gobierno.
El pasado 15 de mayo el Ministerio anunció el “inicio del trámite para la declaratoria de incumplimiento de Convenio 024 de 2024” señalando que esta decisión es motivada por las alertas expresadas por jóvenes y proveedores, que fueron ratificadas por auditoría del convenio. Por su parte la Unión Temporal comunicó que aún no han sido notificados de este proceso y presentaron sus cuentas hasta el segundo desembolso por un total de 54.228 millones ejecutados en un 98%, señalando explícitamente que el tercer desembolso está congelado por concepto de la interventoría, razones que consideran injustificadas pues los comentarios hechos pueden ser ajustables y no deberían impedir el desembolso que hoy tiene a cerca de 2100 empleados con sus garantías laborales vulneradas. Además, responsabilizó al Ministerio de no garantizar el soporte técnico, tecnológico para el desarrollo del programa, debido a las múltiples quejas de los contratistas a las plataformas KOBO y SISJUPAZ en donde se hacen los registros de los perfiles de los jóvenes y el seguimiento a sus compromisos por las transferencias monetarias.
Cuando Mateo hace un balance de la situación no puede evitar expresar una suerte de tristeza “el sindicato tiene como propósito fundamental la defensa del programa, no es solo el trabajo nuestro que es fundamental para el trabajo de cada uno y cada una. Si no que la gran base de trabajadores de este programa, somos personas que venimos de la organización social y popular, del movimiento estudiantil, de barras de fútbol, de organizaciones juveniles del estallido social, entonces también hay una convicción profunda por defender el programa.” Por tal razón han acudido a varias movilizaciones pacíficas que tienen como trasfondo no perder la legitimidad de un programa que buscaba llegar a poblaciones vulnerables, con una relación especial con el gobierno dado el rol fundamental que cumplieron en la movilización ciudadana previo y durante el periodo electoral del 2022. No solo se trata de la responsabilidad de atender las necesidades de cualquier ciudadano, está en juego la capacidad de responder a las complejas realidades que exponen a la juventud a perderse en el ciclo de violencia por el que hoy atraviesa el país. Recientemente organizaciones barriales han denunciado cómo varias localidades de Bogotá están sometidas por el microtráfico y la extorsión impulsada por bandas criminales que trabajan en red con organizaciones paramilitares y privan a la juventud de espacios libres y propensos al desarrollo de sus lógicas de convivencia.
En este contexto, el debilitamiento, mal funcionamiento o cierre de un programa como estos dará una victoria a quienes quieren a la juventud sometida, desorganizada y despolitizada. Hasta el momento el ministerio no ha atendido la solicitud de una reunión con los trabajadores para tratar las condiciones en las que se seguirá desarrollando el programa y el aseguramiento de su continuidad hasta el cumplimiento de las metas fijadas en 2024.
